La Corte Constitucional de Italia derivó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un aspecto clave de la denominada Ley Tajani. La resolución mantiene abierto el debate sobre las restricciones impuestas a la transmisión de la ciudadanía por descendencia.
La ciudadanía italiana volvió a quedar en el centro del debate judicial luego de que la Corte Constitucional de Italia decidiera trasladar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión clave vinculada con la denominada Ley Tajani. La resolución reavivó las expectativas de miles de descendientes de italianos, entre ellos numerosos argentinos, que buscan obtener el reconocimiento de la nacionalidad.
A través de la Ordenanza N.º 147/2026, el máximo tribunal italiano suspendió el tratamiento de uno de los expedientes y formuló una cuestión prejudicial para que sea el tribunal europeo el que determine si la reforma respeta el derecho comunitario y los derechos adquiridos antes de su entrada en vigencia.
La decisión no implica que la norma haya sido declarada inconstitucional ni anulada, pero sí mantiene abierta una discusión que parecía encaminada a cerrarse y deja la definición final en manos de la Justicia europea.
Qué cambió con la Ley Tajani
La reforma, identificada como Ley 74/2025, entró en vigencia el 28 de marzo de 2025 y modificó el tradicional principio del ius sanguinis, que permitía transmitir la ciudadanía italiana por descendencia sin un límite generacional específico.
Con la nueva normativa, el reconocimiento quedó restringido a los hijos y nietos de ciudadanos italianos nacidos en Italia, dejando excluidos a bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores.
El Gobierno italiano justificó la modificación al sostener que muchos descendientes ya no mantenían un vínculo efectivo con el país, aun cuando la legislación vigente al momento de su nacimiento les reconocía la posibilidad de acceder a la ciudadanía.
Qué analizará la Justicia europea
La intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no abarcará toda la reforma, sino un aspecto puntual del artículo 3-bis de la Ley 91/1992, incorporado por la Ley Tajani.
El eje del análisis estará puesto en determinar si la norma puede aplicarse de manera retroactiva a personas nacidas antes de su entrada en vigencia y si esa restricción resulta compatible con el derecho europeo.
En caso de que el tribunal europeo rechace esa aplicación retroactiva, podría abrirse la posibilidad de que numerosos descendientes recuperen la opción de solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana bajo las reglas anteriores.
Posteriormente, será la Corte Constitucional italiana la que deba resolver el caso teniendo en cuenta el criterio fijado por la Justicia europea.
Quiénes podrían verse beneficiados
La decisión judicial también volvió a poner el foco sobre las diferentes situaciones jurídicas que atraviesan quienes iniciaron o pretendían iniciar el trámite.
En principio, quienes presentaron la documentación antes del 28 de marzo de 2025 conservarían una posición más favorable frente a la reforma.
También podrían encontrarse en una situación distinta aquellas personas que logren demostrar que intentaron obtener un turno antes del 27 de marzo de 2025, mediante constancias emitidas por consulados o comunas italianas.
Por el contrario, quienes iniciaron sus reclamos con posterioridad a esas fechas quedarían más alcanzados por las restricciones establecidas en la Ley Tajani, aunque el futuro fallo europeo podría modificar parcialmente ese escenario.
La discusión sigue abierta
La nueva intervención judicial cobra especial relevancia porque meses atrás la propia Corte Constitucional italiana había rechazado otros cuestionamientos contra la reforma mediante la sentencia N.º 63/2026.
Sin embargo, el reenvío del expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea demuestra que el debate sobre los límites de la ciudadanía por descendencia aún no está cerrado.
Mientras tanto, los procesos judiciales en Italia no quedarán suspendidos automáticamente. Será cada juez quien decida, según las características de cada caso, si corresponde esperar el pronunciamiento del tribunal europeo antes de continuar con el trámite. Fuente: El Once
