Cuestionamientos al sistema de comedores escolares
Agmer reforzó sus cuestionamientos al sistema de provisión de alimentos para comedores escolares y advirtió que productos de Teknofood tendrían hasta seis sellos de advertencia. El amparo colectivo quedó bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia.
La provisión de alimentos de Teknofood para comedores escolares volvió a ser cuestionada este miércoles por Agmer y los abogados que impulsaron un amparo colectivo contra el nuevo sistema implementado en Entre Ríos. Los referentes advirtieron sobre productos con hasta seis sellos de advertencia y sostuvieron que su distribución en las escuelas incumpliría la Ley de Etiquetado Frontal.
El planteo fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en Paraná. Participaron el secretario general del sindicato, Abel Antivero; los abogados Rubén Pagliotto y Verónica Fischbach, y la representante de Fundación Cauce, Valeria Enderle.
El eje de la presentación estuvo puesto en la calidad nutricional de los productos incluidos en el sistema centralizado y en el avance del expediente que llegó al Superior Tribunal de Justicia (STJ), luego de que el Ejecutivo apelara la medida cautelar que había frenado la entrega de ultraprocesados.
“No son alimentos, sino productos”
El secretario general de AGMER, Abel Antivero, fundamentó la intervención del sindicato en el conflicto por la provisión de alimentos al señalar que la alimentación de los estudiantes estaba directamente relacionada con sus condiciones de aprendizaje.
“Nos involucra porque nosotros primero somos representantes de los trabajadores de la educación”, expresó, y agregó que la preocupación del gremio también alcanzaba al “proceso” de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Antivero resumió esa posición con una definición concreta: “Para que los chicos puedan aprender bien tienen que estar bien alimentados”.
Luego cuestionó las respuestas del Gobierno provincial y sostuvo que las explicaciones oficiales se habían concentrado en el presupuesto destinado al sistema, pero no en la calidad nutricional de lo que recibirían los alumnos.
“En ningún momento se fundamentó lo que tiene que ver con la calidad de los productos. No alimentos, sino productos”, sostuvo durante la conferencia. Además, desde el gremio se cuestionó que la alimentación escolar pudiera convertirse en una variable de ajuste y se defendió el trabajo que hasta el momento realizaron directivos, docentes y cocineros dentro de los comedores escolares.
El planteo por los sellos de advertencia
El abogado Rubén Pagliotto, representante de padres y madres que impulsaron el amparo colectivo, concentró buena parte de su exposición en la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable y en las restricciones que establece para los productos con sellos de advertencia dentro de los establecimientos educativos.
Pagliotto sostuvo que el eje de la discusión no debía colocarse solamente sobre quién prestaba el servicio, sino sobre qué productos recibirían los alumnos y si cumplían con la legislación vigente.
Para graficar el cuestionamiento, mencionó el caso de uno de los productos incluidos en el esquema: “Imagínese un budín que tiene cuatro octógonos, no uno, cuatro; es decir, supera en 300% el máximo permitido”.
El abogado afirmó además que la presencia de sellos de advertencia resultaba determinante para analizar si esos productos podían ingresar a las escuelas. Según sostuvo, organismos nacionales e internacionales vinculados con la alimentación saludable establecieron restricciones para este tipo de productos en los entornos escolares.
“Un solo sello de advertencia es suficiente para prohibir la entrada de ese producto a los entornos escolares”, manifestó Pagliotto. También reclamó que Teknofood demostrara técnicamente las características nutricionales de la mercadería cuestionada y explicó que las observaciones alcanzaban, entre otros componentes, al sodio y las grasas saturadas.
En el plano judicial, Pagliotto explicó que el amparo ingresó en una etapa decisiva después de que la controversia llegara al Superior Tribunal de Justicia. Los impulsores de la acción cuestionaron la apelación contra la medida cautelar y plantearon que, de acuerdo con su interpretación de la Ley de Procedimientos Constitucionales de Entre Ríos, esa resolución no podía ser apelada.
El amparo quedó en manos del STJ
La abogada de AGMER, Verónica Fischbach, profundizó los cuestionamientos desde el aspecto jurídico y aportó ejemplos concretos sobre los productos que fueron analizados por quienes impulsaron la acción judicial.
Una de sus declaraciones más contundentes estuvo relacionada con la cantidad de advertencias nutricionales detectadas: “Seis sellos tiene el budín, dos tienen las galletitas y dos tienen los cerealitos”, afirmó al describir parte de la mercadería incluida en el esquema cuestionado.
Fischbach también puso el foco en la documentación incorporada por el Estado provincial al expediente y cuestionó que, desde la perspectiva de los amparistas, no se había demostrado suficientemente que el nuevo sistema garantizara una alimentación adecuada para los estudiantes.
Adhesiones y cuestionamientos a la logística
La letrada explicó además el avance del amparo colectivo y destacó la cantidad de personas y organizaciones que se incorporaron al planteo. Al momento de la conferencia habían contabilizado más de 400 adhesiones individuales, además del acompañamiento de entidades sindicales de distintos puntos del país. “Tenemos la adhesión de CTA, tenemos la adhesión de Ctera, tenemos la adhesión de gremios de todas las provincias que están haciéndonos llegar”, explicó.
Fischbach precisó que el plazo para incorporarse al amparo vencía el domingo y aclaró una particularidad del procedimiento: “Estamos hablando de un amparo donde los plazos se cuentan también en días inhábiles”. Las presentaciones recibidas serían procesadas y posteriormente remitidas al juzgado para que fueran incorporadas al expediente.
El conflicto judicial se inició a partir de un amparo colectivo contra el sistema de provisión de alimentos adjudicado a Teknofood SA. Una medida cautelar había frenado la entrega de determinados productos, pero el Ejecutivo provincial apeló esa decisión y el expediente avanzó hacia el Superior Tribunal de Justicia.
Los amparistas presentaron posteriormente un planteo de nulidad y sostuvieron que el artículo 15 de la Ley 8369 establece que las cautelares dictadas en procesos de amparo son inapelables. La resolución quedó ahora en manos de los nueve integrantes del máximo tribunal provincial.
Los representantes legales anticiparon, además, que hicieron reserva para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a instancias internacionales en caso de que el planteo no prosperara en Entre Ríos.
Como antecedente, Agmer Uruguay también había cuestionado la logística del nuevo esquema. La seccional advirtió que las seis entregas anuales previstas obligarían a las escuelas a almacenar grandes cantidades de mercadería y planteó dudas sobre la infraestructura disponible para garantizar su conservación.
Mientras el STJ analiza el expediente, el gremio ratificó su rechazo al sistema y reclamó que cualquier provisión destinada a los comedores respete la normativa nacional de alimentación saludable. Fuente: El Once
