La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Ley Hojarasca, la iniciativa promovida por Federico Sturzenegger para eliminar normas consideradas obsoletas. El proyecto obtuvo 139 votos afirmativos y avanzó en medio de una jornada atravesada por fuertes disputas políticas.

La Cámara de Diputados dio este miércoles media sanción a la Ley Hojarasca, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar 58 leyes, modificar artículos de otras ocho y derogar dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales”. La iniciativa consiguió 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones en una sesión marcada por la tensión entre oficialismo y oposición.

El oficialismo logró reunir el quórum de 129 legisladores presentes y consiguió avanzar con el debate. La convocatoria había sido realizada para las 10 de la mañana por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

Además del tratamiento de la Ley Hojarasca, el temario incluyó la reforma del régimen de subsidios al gas en Zonas Frías, la aprobación de tratados internacionales y la entrega de la medalla de honor a veteranos de la Guerra de Malvinas, en una jornada parlamentaria que se extendió durante varias horas.

Un proyecto para eliminar normas consideradas obsoletas

La Ley Hojarasca agrupa las normas a derogar en seis categorías: leyes superadas por legislaciones posteriores, normas obsoletas por avances tecnológicos o por el paso del tiempo, disposiciones que afectan libertades individuales, regulaciones que generan burocracia innecesaria, organismos ya disueltos y entidades financiadas con recursos nacionales sin actividad efectiva.

Entre las normas alcanzadas por el proyecto aparecen la denominada ley de azotes, vigente desde el siglo XIX, la ley de microfilmación, la ley de mochileros y distintas regulaciones sobre laboratorios públicos que, según argumentó el oficialismo, nunca derivaron en la creación de nuevos establecimientos ni recibieron partidas presupuestarias específicas.

Durante el debate en comisiones, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, sostuvo que el objetivo del proyecto es “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la modernización del marco jurídico vigente. Esa definición fue retomada por legisladores oficialistas para defender la necesidad de avanzar con la depuración legislativa.

Cambios en el texto y antecedentes legislativos

El texto aprobado en Diputados incorporó modificaciones respecto de la versión enviada originalmente por el Poder Ejecutivo. A pedido de distintos bloques, el oficialismo decidió excluir la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina destinados a cooperativas.

También se mantuvo vigente la Ley 20.959, que otorga credenciales de libre circulación a legisladores nacionales, y se preservó el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación, dos puntos que habían generado cuestionamientos durante las negociaciones parlamentarias previas al debate.

La historia parlamentaria de la Ley Hojarasca estuvo atravesada por demoras y dificultades políticas. El proyecto había sido presentado por primera vez en 2024, pero perdió estado parlamentario sin llegar al recinto. El Gobierno volvió a enviarlo al Congreso el 26 de marzo de 2026 y consiguió dictamen de mayoría el 21 de abril con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical e Innovación Federal.

Una sesión atravesada por la disputa política

La sesión prevista originalmente para el 22 de abril debió postergarse por problemas para garantizar el quórum necesario. Posteriormente, una nueva convocatoria para el 20 de mayo quedó condicionada por la controversia política en torno al patrimonio de Manuel Adorni, tema que dominó las discusiones entre oficialismo y oposición en las semanas previas.

Ahora, el proyecto deberá ser debatido en el Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de las reformas que considera centrales para avanzar con la simplificación normativa y la reducción de estructuras administrativas consideradas innecesarias. Fuente: El Once